EL TIEMPO PROTESTA

La burguesía colombiana también protesta algo por la fiesta oficial que le organizaron para la "entrega de "JORGE 40"

Al respecto, lean el editorial del diario EL TIEMPO, del 7 de septiembre de este año.

"En La Ceja y por fuera

La imagen del presidente de la Cámara de Representantes en que da un efusivo abrazo a su 'paisano', el jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40', durante su entrega en La Mesa, cerca de Valledupar, en presencia de la presidenta del Congreso, simboliza los extremos a los que puede llegar a veces este polémico proceso.

Para gran parte del país resulta poco menos que escandalosa semejante familiaridad de uno de los más importantes funcionarios de elección popular del país con el líder de uno de los frentes más sanguinarios de las Auc, señalado por sus vínculos con políticos de su región y de la Costa y contra el cual han surgido gravísimas acusaciones en estos días. Y este no es el único tumbo del proceso.

Aunque cayó entre la opinión pública como una medida necesaria, la orden presidencial de que los comandantes se recluyeran en el centro de Prosocial en La Ceja (Antioquia) dista de despejar los interrogantes que aún hay.Al escándalo que significa que falten por entregarse algunos comandantes mientras las autoridades los buscan 'activamente', ha venido a añadirse la confirmación de que el otrora máximo jefe de las Auc, Carlos Castaño, fue asesinado por un lugarteniente de su hermano Vicente, presunto autor intelectual. Este sigue sin entregarse y no está claro que lo haga, temeroso seguramente de una eventual extradición o de que la muerte de su hermano pudiera complicarle la vida.

Para completar, el Gobierno ha procedido de manera un tanto errática con los decretos reglamentarios de la Ley 975, de Justicia y Paz. Primero, se filtró su contenido. Enseguida, se prolongó su elaboración, sin debate público. Y, casi simultáneamente con la salida de Sabas Pretelt del Ministerio de Interior y de Justicia y su reemplazo por Carlos Holguín Sardi, se optó por la interesante fórmula de 'colgar' los decretos (ya eran tres, no uno) en la página web de la Presidencia por unos pocos días.

El dudoso recurso con el que se buscaba legitimar de algún modo los decretos dio el resultado previsible: casi no llegaron comentarios (con excepción, entre otros, de una dura carta de Human Rights Watch, que sostiene, como otros analistas, que buscan hacerle el quite al fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley 975). Los decretos no han sido objeto de discusión ciudadana e insisten en los principales temas que contenía el borrador que se filtró hace unas semanas.Al parecer, se buscaría revivir la figura de la sedición. La pena alternativa sería pagada mitad en un establecimiento que puede ser La Ceja o el campamento de Urrá -apenas ahora en remodelación- y mitad en una colonia agrícola. Hay preocupación por los plazos y los procedimientos que se dictan a fiscales y jueces para investigar y fallar.

Hay debate sobre la cantidad de bienes lícitos (¿cómo distinguirlos de los ilícitos?) que los paramilitares deben entregar para reparación. No está claro desde cuándo se aplicará el principio de favorabilidad: si desde la aprobación de la ley, si desde el fallo de la Corte o si desde la presentación de la lista de beneficiarios.

Incluso, hay quienes no descartan que los decretos tengan simplemente el objetivo de procesar a su sombra a los jefes paramilitares y, para cuando se caigan en el Consejo de Estado, ya sea 'tarde'.Demasiada incertidumbre y confusión.

Ya lo hemos dicho: ser 'blandos' con los perpetradores, en materia de penas, no es malo, si eso se hace a cambio de dosis suficientes de verdad y reparación. Lo malo es la falta de claridad que ha rodeado este debate crucial y que ha contribuido en no poca medida a que demasiada gente sospeche de que no solo habrá poca justicia, sino poca verdad y poca reparación".