PARAS TIENEN LAS DE GANAR

TOMADO DEL PERIODICO EL TIEMPO


Víctimas de paramilitares padecen una nueva persecución por reclamar tierras y paradero de familiares.

En total, 160 de las que acuden a audiencias de Justicia y Paz se han atrevido a denunciar ante la Fiscalía y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que están siendo perseguidas.


Quienes las hostigan ahora les piden que dejen de reclamar porque se exponen a la muerte o, incluso, que acepten sumas de dinero irrisorias a cambio de desistir. Córdoba es quizás el departamento donde más han llenado a las víctimas de miedo.


El asesinato de Yolanda Izquierdo, líder de desplazados que reclaman tierras que les entregó Fidel Castaño y que les hicieron vender luego hasta por un millón de pesos, es apenas el más visible de los episodios de una persecución que se da en nueve regiones. Ante las amenazas, los campesinos que trabajaban al lado de ella han desistido de reclamar o guardan silencio.
En Bolívar, la primera alerta fue el incendio de la sede de desplazados en Turbaco. Y a dos ONG que asesoran a víctimas les robaron las bases de datos con información de crímenes de paramilitares. Hay hasta víctimas que recorren ciudades en sus motos, con escoltas como parrilleros, pues han sido amenazadas.


Marco Romero, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), ve en esos hechos un mensaje al movimiento de víctimas: "Quienes participen en los procesos de Justicia y Paz tendrán esas consecuencias". Así, dice Romero, los 'paras' quieren silenciar la verdad y asegurar el despojo de las tierras. En la Fiscalía, 47 representantes de víctimas han reportado intimidaciones. Muchas, tras iniciar recuperación de tierras o participar en versiones libres de los ex 'paras'. La Fiscalía admite que hay subregistro de amenazas. Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR, dice que provienen de bandas emergentes.
El Gobierno prepara un plan de protección que debía estar listo hace dos meses, pero aún no se concreta.

Salieron del país

Una noche, hace unas pocas semanas, un grupo de ocho personas llamó la atención de los viajeros en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. En sus rostros campesinos había lágrimas, se notaba la angustia y se abrazaban como si no se fueran a volver a ver.
"Son testigos contra 'McGiver'. Están amenazados y les toca irse del país. Es que hay un nuevo éxodo de víctimas", dijo a un periodista una de las organizaciones humanitarias que los acompañaba.


Nos obligan a aceptar lo que hicieron


La siguiente es la declaración de Amparo Areiza, hija de una de las 15 víctimas de la masacre de El Aro.
"No se compliquen la vida ni se la compliquen a los suyos. Ya les pagaron a su papá, quédense tranquilos.
"El mensaje llegó primero al celular mío y luego a las casas de mi hermana y de mi mamá.
"Las amenazas nos habían obligado a salir de Yarumal y recorrimos varias ciudades del país. Luego tuvimos un periodo de calma, pero desde que empezó la versión libre de Salvatore Mancuso y decidimos asistir, comenzaron esas llamadas.
"Eso nos indigna porque los paramilitares tienen todas las ventajas mientras que las víctimas, tenemos que seguir huyendo".